La auditoría ciudadana es un instrumento, un mecanismo (o proceso) para analizar de manera crítica la política de endeudamiento llevada a cabo por las autoridades de un país así como el impacto de esta política sobre la población. No sólo aplica el análisis de datos financieros si no un análisis más amplio y profundo que abarca desde los recortes en los derechos fundamentales de los ciudadanos, en el medio ambiente y la falta de transparencia, hasta el derecho de control que tienen los ciudadanos sobre aquellos que gobiernan y por tanto en participar activamente en los asuntos públicos.

Paralelamente al trabajo de investigación estatal se están realizando auditorías paralelas sectoriales (sanidad, educación, medio ambiente, de género, eléctrica…) o de diferente ámbito (local, municipal…), lo que hace más relevante trabajar en colaboración con el resto de movimientos y unir fuerzas, recursos y esfuerzos. Cada movimiento ciudadano constituye una fuente de información de primera mano acerca de los principales impactos que las medidas de austeridad ocasionadas por el pago de la deuda están suponiendo en sus respectivas áreas.

Llevar a cabo una auditoría ciudadana de la deuda es examinar y evaluar los procesos que han originado dicha deuda, no sólo con la finalidad de determinar la razonabilidad y fiabilidad de los datos contables sino también si han sido legales, legítimos y transparentes, así como si han originado perjuicios para la población en base a las normas legales, contables, financieras, ambientales y sociales establecidas en el Estado.