En los medios de comunicación se suele responsabilizar al endeudamiento público de la actual crisis financiera (la llamada crisis de deuda soberana).

Nos dicen constantemente que «hemos vivido por encima de nuestras posibilidades», que “no podemos permitirnos el actual nivel de gasto público”, que las prestaciones actuales del llamado Estado de bienestar están “más allá de nuestras posibilidades”. En definitiva: hay que recortar.

Pero esto es falso. Si miramos los datos del Tesoro Público o el Banco de España veremos de forma clara que el sobreendeudamiento es fundamentalmente de origen privado y no público. A finales de 2012, el 77% de la deuda total de la economía española (3.992.431mill de €) había sido generada por agentes privados: empresas, bancos y hogares,  mientras que únicamente el 23% restante (1.174.227 mill de €) era deuda adquirida por las diferentes administraciones públicas.

Hace sesenta años, Alemania se enfrentaba a una crisis de la deuda que amenazaba con impedir la recuperación de su economía y de su población tras la II Guerra Mundial. El Estado era incapaz de hacer frente a una deuda pública externa cuyos orígenes se remontaban a las compensaciones impuestas después de la derrota alemana en la I Guerra Mundial, con el Tratado de Versalles de 1919, y a los préstamos obtenidos para reconstruir el país tras la devastación de la II Guerra Mundial.

Ante esta situación, el 27 de febrero de 1953,  la República Federal Alemana (RFA) y sus acreedores extranjeros, entre los que se encontraban Irlanda, Grecia y España, firmaron el llamado «Acuerdo de Londres sobre la Deuda Alemana», según el cual se condonó cerca de la mitad de su deuda pública y privada, equivalente al 150% de sus exportaciones en 1950, reduciendo también los intereses de la deuda restante.

En las “directrices para las recomendaciones” del Acuerdo se reconocía la necesidad de llegar a un trato justo y equitativo para todas las partes, en el cual se tuviera en cuenta la situación económica general del país para evitar su colapso y  garantizar su recuperación. De hecho, en el acuerdo se incluyó una clausula por la cual la RFA pagaría sus deudas con los recursos procedentes de su superávit comercial, estando limitados  al 3% de sus exportaciones anuales.

Este acuerdo, permitió que Alemania pasara de un estado de endeudamiento crítico a una situación donde la deuda no fue un obstáculo para el desarrollo económico y social, contribuyendo al “milagro alemán” de los años cincuenta y sesenta. Sin embargo, parece que el Estado Alemán se ha olvidado de la comprensión y generosidad con la que fue tratado por parte de los mismos estados que ahora son devastados por las políticas de austeridad marcadas desde la UE, las cuales priorizan el pago de la deuda al bienestar de sus pueblos.

Con el pago de la deuda, perdemos la mayoría. ¡Movilízate!

Los presupuestos de 2013 destinan 38.590 millones de euros[1] al pago de los intereses de la deuda. En cambio, para pagar las prestaciones de desempleo se presupuesta una cantidad mucho menor: 26.993 millones de euros.

Entonces ¿Es realmente cierto que nuestra economía no puede «soportar» el pago de las prestaciones por desempleo actuales?

¿Es más importante pagar la deuda que devolver a los/as ciudadanos/as el seguro de desempleo que ya pagaron mientras trabajaban?

En 2011 el parlamento español, con los votos a favor de PP, PSOE y UPN realizó un importante cambio en nuestra Constitución, particularmente en el Artículo 135, haciendo que  el pago de los intereses y la devolución del capital de los préstamos, es decir, la deuda «gozará de prioridad absoluta» en su pago. Por encima de las prestaciones sociales, sean las que sean.

Con el pago de la deuda, perdemos la mayoría. ¡Movilízate!