El caso Lezo y sus últimas derivadas ha vuelto a poner en primera línea el grave problema de la corrupción en la Comunidad de Madrid. No obstante, sabemos que el problema viene de lejos y que no sólo afecta a Madrid. La corrupción parece enquistada en las administraciones e instituciones públicas, y lo peor de todo es que la sociedad la acepta ya con resignación como algo consustancial al actual sistema socioeconómico.

Por mucho que los políticos se rompan las vestiduras cada vez que se detecta un nuevo caso en sus filas, y presuman de adoptar los códigos de conducta y las normativas más avanzadas contra la corrupción, lo cierto es que no hay, ni ha habido nunca en este país, una intención firme de acabar con esta lacra desde los estamentos que ostentan el poder.

Así lo demuestran las recientes leyes de contención de la corrupción, como la Ley de Transparencia, que además de llegar tarde, es de las peores del mundo, y la Ley de Financiación de Partidos Políticos, que eximen a las Fundaciones de los Partidos políticos y/o las Empresas vinculadas a los Partidos.

Así lo demuestra la falta de recursos de la Administración de Justicia (recordemos que en España hay 11 jueces por cada 100.000 habitantes mientras que la media es de 21 en la UE) que provoca enormes listas de espera en los juzgados y la prescripción de muchos delitos.

Así lo demuestra también el mayor número de trabas que se pone a los ciudadanos y a las asociaciones civiles para denunciar y convertirse en acusaciones particulares en los numerosos casos de corrupción abiertos.

Y así lo demuestra, sobre todo, la falta de independencia del poder judicial, con un Consejo del Poder Judicial todavía elegido por los partidos políticos, a pesar de las reprimendas del Consejo Europeo, y un Fiscal General del Estado, así como la Fiscalía Anticorrupción que depende de este, elegidos a dedo por el Gobierno, con consecuencias como las que ya conocemos del reciente caso Moix.

Todo esto nos lleva a suponer que tan sólo ha aflorado la punta del vasto iceberg de la corrupción en este país, y poco más podemos esperar mientras sean los viejos partidos anclados al poder los encargados de impulsar las medidas para que aflore el resto, porque son los que más vergüenzas tienen que tapar.

Para colmo, la falta de contundencia con la que se sanciona los casos descubiertos, como ha quedado patente con la puesta en libertad de Francisco Granados, que ni está arrepentido ni ha devuelto un sólo euro de lo robado, propicia una impunidad que incentiva aún más las prácticas corruptas.

En este contexto en el que las instituciones se muestran incapaces de extirpar la corrupción de sus entrañas y tampoco hay voluntad política para ello, es la ciudadanía la que debe empoderarse y dotarse de instrumentos de control sobre sus gobiernos y administraciones.

Algunos movimientos ciudadanos como la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda así lo han entendido y vienen promoviendo Auditorías Ciudadanas de las políticas públicas tanto a nivel territorial (Estado, comunidades autónomas y municipios), como a nivel sectorial.

Unas auditorías que pretenden ir más allá de la legalidad y analizar que políticas o actuaciones públicas, incluso sin contravenir la ley, pueden declararse ilegítimas, por haber ocasionado un claro perjuicio a una gran parte de la población en beneficio de una minoría privilegiada. Casos, por ejemplo, como el rescate a la Banca, que supuso casi 80.000 millones de euros que hemos pagado entre todas, como bien sabemos, a base de recortes en derechos y servicios públicos, y que ahora el gobierno reconoce como perdidos sin el mayor rubor.

La ciudadanía organizada está demostrando que es posible empoderarse por medio de estas auditorías en procesos como la Auditoría Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid, en la que hay grupos ciudadanos que están auditando las cuentas y las políticas municipales a nivel de sus barrios y distritos y han sacado ya informes, como el Informe de Auditoría Ciudadana de los Centros Culturales de Usera, que no sólo evidencian la ilegitimidad de muchas actuaciones municipales, sino que además señalan culpables y exigen responsabilidades.

Otro potente instrumento de empoderamiento serían los tribunales populares, como el Tribunal Ciudadano de Justicia del 15M, que desde el 2012 está investigando las sobretasaciones inducidas por las entidades financieras y que fueron una de las causas de la crisis inmobiliaria, o recientemente el tribunal popular que se está constituyendo para juzgar el caso Castor.

Sólo si la ciudadanía vence la resignación y se empodera a través de iniciativas como las Auditorías Ciudadanas o los Tribunales Populares, podremos tener una democracia sana de corrupción como nos merecemos. Por eso hacemos un llamamiento a toda la población a sumarse a estos grupos auditores o tribunales ciudadanos, o a crearlos en sus barrios y ciudades si no existen. Y también a salir a la calle el próximo sábado 24 de junio en la manifestación que saldrá a las 19:00 desde la glorieta Ruíz Jiménez hasta Sol en Madrid, para manifestar que entre todas vamos a acabar con la corrupción.