Después de la lucha conjunta del personal de Sanidad y la ciudadanía, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) paralizó el proceso de privatización de la parte sanitaria de los seis hospitales y veintisiete centros de salud de Madrid. Sin duda, esto ha sido un éxito enorme de las movilizaciones, pero la privatización salvaje de la sanidad continúa en la Comunidad de Madrid, como en otras partes del Estado y del mundo.
Ninguna de las resoluciones del TSJM ha cuestionado la legalidad de la privatización. Tan solo ha puesto en cuestión las irregularidades del proceso en relación con la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. El proceso no ha parado.
El Gobierno del Partido Popular de la Comunidad de Madrid ha causado ya un enorme daño al sistema sanitario en la región. Los datos lo demuestran, hoy contamos con 7 Hospitales donde la gestión de la parte no sanitaria es ya privada y 4 Hospitales con gestión sanitaria privada en su totalidad (Los hospitales de Valdemoro, Rey Juan Carlos en Móstoles, Torrejón y Collado Villalba). El caso de este último es especialmente indignante: permanece cerrado, mientras la Consejería de Sanidad viene realizando un pago de 900.000 euros mensuales a IDC Salud (antes Capio).[1]
Otros dos Centros de Especialidades están privatizados: el Centro de Especialidades de Pontones y el de Quintana. También lo están el Laboratorio de Análisis Clínicos de San Sebastián de los Reyes, el Centro de Transfusiones de la Comunidad de Madrid y las Unidades de Gestión Clínica.
En el proceso silencioso, pero implacable, de privatización, se encuentran también otros servicios no directamente sanitarios, pero que afectan muchísimo a la calidad de la atención, como los servicios de limpieza o las citas de pacientes con el Call Center, que permite derivar los procesos rentables a la sanidad privada. Todo esto está ya en manos de empresas privadas. También lo están, pese a la lucha de las empleadas, la Lavandería Hospitalaria Central de Mejorada del Campo.
Las Derivaciones de Pacientes
Al mismo tiempo, se mantiene una normativa legal que abre la puerta al proceso de privatización sanitaria (Ley 15/97 [2]), que termina con la universalidad del sistema sanitario y establece el repago de los productos farmacéuticos (Real Decreto-Ley 16/2012 [3]) y prioriza el pago de la DEUDA sobre cualquier gasto público, incluido el gasto social, (modificación del Artículo 135 de la Constitución).
La defensa de la Sanidad Pública, Universal, de calidad y gratuita debe ser una prioridad. Si no se frena, será un proceso irreversible.
¡Sanidad Pública de todas/os, para todas/os!
